Información Pública en Nicaragua ¿pedís cuentas o te es irrelevante?

Hace 12 años se aprobó la Ley del Acceso a la Información Pública, desde entonces la aplicación de la misma no ha presentado grandes avances.

¿Alguna vez has solicitado información pública en las instituciones del Estado? ¿Alguna vez has ingresado a las páginas web de las instituciones públicas esperando encontrar información? Si tu respuesta es positiva, posiblemente te diste cuenta que en Nicaragua, el acceso a la información pública es casi nulo.

La información pública se refiere, según el especialista en ciudadanía Guillermo Medrano, a  todo lo que genera, administra o mantiene una institución del Estado.

Como ciudadano nicaragüense, tenés el derecho de conocer la información de cualquier institución del Estado ya sea a través de una oficina de acceso a la información pública o bien, a través de la web de dicha organización.

Foto: Cortesía / Maje

En un sitio web estatal podés encontrar un organigrama de la institución, donde muestren los cargos y salarios de cada funcionario público, además las auditorías realizadas, las contrataciones y toda la información del servicio que ofrezca dicha organización, de acuerdo a La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621.

Según la citada Ley, las entidades obligadas correspondientes también deberían incluir en sus sitios de internet un vínculo al sitio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cual se encuentre la información sobre “balances generales, informe de resultados y su estado financiero”.

En su artículo 50, la Ley indica que “los sujetos obligados (instituciones) deberán publicar las concesiones, contratos, subvenciones, donaciones, exoneraciones u otros beneficios”.

 

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Los beneficios de una sociedad informada

La sociedad nicaragüense es parte de una cultura del silencio, así lo determinó el especialista Guillermo Medrano, es decir que la culpabilidad de no tener acceso a la información pública, no solo recae en el Gobierno, sino en la gente que no exige el cumplimiento de los derechos. “La verdad es que  yo no puedo demandar un derecho si no me siento tutelar de él”, explica Medrano, esto precisamente lo que ha sucedido con el derecho a información pública en Nicaragua.

Los beneficios de un pueblo informado para un Estado son varios, desde tomar mejores decisiones hasta acceder a trabajos nacionales.

 

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La idea es que la gente cuando está informada y maneja los datos de su país, puede decidir mejor, ya sea a nivel nacional como elegir un gobierno, o algo más personal como asistir a uno u otro hospital, elegir mejor la universidad o inclusive verificar los proyectos del Estado para ver en cuál podría trabajar. “Si hubiera transparencia, no se elegiría a los trabajadores por tener o no un carnet político, sino por sus capacidades”, concluye Medrano.

Pero ¿qué sucede en Nicaragua?

Sin embargo, una vez que te propones buscar alguna de la información antes mencionada en cualquier institución del Estado, primero tendrás mucha suerte si la página logra cargar, porque por ejemplo, la página del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG), no cargó las veces que intenté acceder a ella.

En el caso de instituciones relacionadas al presupuesto de la república, como la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, las cifras de las auditorías realizadas están actualizadas hasta el año 2016, pero las estadísticas de los informes son constantes, son actualizadas cada mes.

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En el anuario estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) de 2018, se muestra “las prestaciones de salud que demanda la población derechohabiente”, esto incluye tratamientos contra el cáncer, terapia sustitutiva renal, medicinas entregadas por farmacias y las enfermedades que más afectaron a la población en ese período.

El INSS también informó en 2018, sobre las inversiones realizadas durante el año. Recordemos que las protestas de abril comenzaron precisamente en 2018, por las reformas financieras realizadas al INNS.

Hay otras instituciones importantes que no presentan en su página web, información sobre el presupuesto destinado para sus propios gastos, como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

 

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Por su parte Ministerio de Educación (Mined), sí publica el material didáctico usado por los estudiantes desde primaria a secundaria, además de informes sobre la cantidad de alumnos matriculados en un año. En cambio el Ministerio de Salud (Minsa) tiene un organigrama de la institución desactualizado, puesto que es del año 2017.

Según un monitoreo realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el año 2010, de todas las instituciones del Estado de Nicaragua, solo el 55% tenía una oficina de acceso a la información pública. “Esto ni siquiera asegura que funcionaran”, dice el especialista Guillermo Medrano.

“Hay instituciones como la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), que nunca construyeron una oficina de información pública”, explica.

 

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A pesar de este panorama, la Ley 621 de Información Pública en Nicaragua, irónicamente es una de las más modernas de Centroamérica, por ello plantea que cualquier ciudadano nicaragüense puede acceder desde una computadora a la página web de la Asamblea General de Nicaragua,  por ejemplo, y consultar datos y estadísticas estatales.

 Para solicitar una información estatal, un ciudadano debe rellenar un formato de solicitante, luego esperar un máximo de 15 días para recibir respuesta. “La institución del Estado puede pedir 10 días adicionales en situaciones especiales”, aclara Medrano.

¿Por qué me afectan las reformas al INSS?

El problema es que los tiempos no se cumplen en Nicaragua, en un monitoreo realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el año 2012, de los 153 municipios que existen en Nicaragua, tan solo 43 en algún momento tuvieron oficinas de acceso a la información pública. “En el tema de la plena funcionalidad del acceso a la información pública, nosotros estamos en el siglo 17”, afirma Medrano.

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La Ley que promovieron diputados sandinistas

En el año 2005, en un país agitado políticamente por las elecciones presidenciales del año 2006, un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil formaron el  “Grupo Promotor de la Ley del Acceso a la Información Pública” y comenzaron a presentar la Ley como un proyecto ante los diputados de la Asamblea General.

En ese momento los diputados de la época  pusieran en sus agendas políticas la aprobación de dicha Ley, sobre todo desde la bancada sandinista, que en aquellos años era partido de oposición, puesto que en la presidencia se encontraba el ingeniero Enrique Bolaños.

La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, se aprobó el 16 de mayo del año 2007. “La presente Ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado”, indica en su primer artículo la Ley.

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Sin embargo, doce años más tarde, según el especialista en participación ciudadana, Guillermo Medrano, la Ley de Acceso a la Información Pública nunca logró cumplirse.

Los tres niveles de la información pública

Según la Ley 621, el acceso a la información pública en Nicaragua debería tener tres niveles, el primero es la creación de una Oficina de Información Pública en cada institución estatal, en donde los y las ciudadanas puedan acudir para solicitar información.

Lo segundo es que debería existir Oficinas de Coordinación Pública, estas funcionan como apelación, en caso que la primera oficina no de respuesta. Luego está la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, que es la última apelación que tiene un ciudadano para recibir algún tipo de información pública.

“El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, por lo tanto son inherentes a las personas”, explica Medrano, quien aclara que el Estado de Nicaragua no completó ni siquiera el primer nivel.

A pesar que la Ley de Información Pública pone a disposición las estadísticas y datos estatales, existe la información pública reservada, a la que la población no puede acceder por lo delicado del contenido. “Por ejemplo planes de trabajo de la Policía Nacional contra el narcotráfico”, dice Guillermo Medrano, esta clase de información no puede ser conocida por la población.

Tampoco la información privada de cada ciudadano puede darse a conocer, esto tiene que ver con el individuo. “Un ejemplo es el expediente médico de una persona, es una información privada que nadie la puede conocer”, aclara Medrano.

Podés consultar la ley aquí.

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