Policía acusa a estudiantes que solicitaron marcha de antecedentes delictivos

Las autoridades indican que los estudiantes que solicitaron permiso para marchar tienen antecedentes delictivos por consumo y expendio de drogas.

La Policía Nacional negó esta tarde el permiso de un grupo de estudiantes universitarios, para marchar este jueves en Managua en conmemoración al Día Nacional del Estudiante. 

Además de negar el permiso para marchar, la Policía acusó a los estudiantes que hicieron la solicitud de tener antecedentes delictivos por consumo y expendio de drogas.

Foto: Lesther Arcia / Maje

“Algunos de los individuos que firman el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros delitos por consumo y expendios de drogas, así como tenencia y uso ilegal de armas de fuego”, dijo la Policía Nacional a través de una conferencia de prensa.

Según el comunicado emitido por la Policía Nacional, los estudiantes que solicitaron permiso para marchar “no cumplen con los requisitos establecidos” de acuerdo a los estatutos de esta institución.

Sin embargo los estudiantes dejaron plasmado en el escrito que entregaron a las autoridades que se apararon en la Constitución Política de Nicaragua y los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justician y la Democracia, donde el Ejecutivo se comprometió a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, algo que hasta el momento no se ha cumplido.

Según la Policía los llamados a marcha violan el derecho de los nicaragüenses a la movilización.

La marcha había sido convocada para conmemorar el 60 aniversario de la masacre en contra de estudiantes en León, ocurrida en 1959. La manifestación pretendía salir a las 2:00 p.m. desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Centroamérica.

Esta no es la primera vez que ls Policía Nacional prohibe manifestaciones (excepto las del FSLN), desde septiembre del año pasado la institución armada prohibe cualquier tipo de expresión cívica organizada por estudiantes, colectivo de mujeres y opositores al gobierno de Daniel Ortega, amenazando con encarcelar a los organizadores y a quienes participen en este tipo de actividades, pese a que la Constitución Política de Nicaragua establece que la manifestación pacífica es un derecho de los nicaragüenses.

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