Suspenden funciones administrativas a Gustavo Porras tras sanciones

Gustavo Porras ya no tiene funciones administrativas de la Asamblea Nacional, tras haber sido sancionado.

Con 77 votos a favor y 2 en contra, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes una reforma al artículo 44 de la Ley 606, para quitarle funciones administrativas a Gustavo Porras, luego de tres días de haber sido sancionado por Estados Unidos.

El proyecto reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, el cual establece que ahora la autoridad administrativa en el parlamento será el Secretario Ejecutivo y no el presidente.

La iniciativa de ley se introdujo el lunes, tres días después de que Porras fuese sancionado por Estados Unidos, quedando inhabilitado para ejercer cualquier función administrativa.

Foto: Cortesía / Maje

Según el proyecto, mantiene que el presidente de la Asamblea Nacional siempre "representará políticamente al Poder Legislativo, preside la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional". 

Mientras, el Secretario Ejecutivo del parlamento asumirá las funciones de "Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional".

"La Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional", precisa el proyecto de ley.

Gustavo Porras, junto a otros tres funcionarios, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con lo que perdió la acción administrativa personal, empresarial o institucional de la Asamblea Nacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Porras de ser “el operador político más importante del presidente (Daniel) Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Las sanciones de Estados Unidos y Canadá hacia 12 funcionarios nicaragüenses, se dan a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 18 de abril, que ha dejado como consecuencia más de 325 muertos, unos dos mil heridos y al menos 60 mil ciudadanos en el exilio.

 

 

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