¿De qué trata la Ley de Atención Integral a Víctimas?

Asamblea Nacional aprueba Ley de Atención Integral a Víctimas criticada por ofrecer impunidad y no justicia.

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles con trámite de urgencia la “Ley de Atención Integral a Víctimas” propuesta por el gobierno. La legislación  fue admitida con 69 votos a favor, 15 en contra 0 abstenciones y 4 presentes.

La ley ha sido criticada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Asociación Madres de Abril (AMA), Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), al considerar que se trata de una estrategia para garantizar inmunidad a las personas responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas del año pasado.

Imagen referencial. Foto: Cortesía / Maje

Además apuntan que realmente dicha  ley no ofrece justicia para los acusados por cometer delitos.

¿De qué trata la ley?

La “Ley de Atención Integral a Víctimas” plantea cinco tipos de atenciones a las “víctimas de la violencia ocurrida a partir del 18 de abril del 2018”: salud, educación, atención laboral o de emprendimiento, viviendas, y ocio y recreación.

Para lo cual otorga a un rol clave a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la atención, organización y actualización del registro de personas afectadas durante las protestas.

A su vez, faculta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a ser la que organizará y actualizará un registro de víctimas. “Corresponde a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos organiza y actualizar el registro de las víctimas, así como el seguimiento y montero a la atención brindada por todas las instituciones involucradas conforme las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, según cita el documento.

Foto: Archivo / Maje

En cuanto a salud “El Ministerio de Salud garantiza el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares en los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta su recuperación; de acuerdo a las normas, modelos, programas y lineamientos del Ministerio”, según cita la ley.

Entre los aspectos que señala, el plan cubre “atención médica primaria de salud mental, salud psicosocial, atención a personas con discapacidad y rehabilitación”.

En materia educativa, se garantizará “la reinserción de las víctimas y sus familiares en el Sistema Educativo Nacional. Para tales, fines, las víctimas y sus familiares recibirán becas de estudio en los distintos niveles educativos del sector público”.

Respecto al ámbito laboral y emprendimiento “El Estado garantizará la reinserción de las víctimas y sus familiares en el ámbito laboral mediante la generación de empleo productivo y sostenible. Las instituciones del Estado encargadas del emprendimiento y la economía familiar fomentarán y darán prioridad en sus programas a víctimas y familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurrido a partir del 18 de abril del 2018. El estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida.

Además, dicha ley asegura que las familias podrán optar a “programas de vivienda que tiene el Gobierno”. Según describe, “las instituciones encargas a nivel central, municipal regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”.

Por otra parte, señalan que las víctimas y familiares “gozarán del derecho al ocio y recreación. El Estado garantizará que estas personas puedan acceder a las instalaciones deportivas, públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita”.

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