¿Corte IDH sancionará a Nicaragua?

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El incumplimiento del Estado de Nicaragua con las medidas provisionales podría acabar en sanciones para la nación.

En medio de la crisis que vive Nicaragua y la reciente muerte del manifestante preso en La Modelo, Eddy Montes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de 17 manifestantes presos, instando al Estado a respetar su integridad física y los derechos humanos, de no ser así, el proceso legal podría acabar en sanciones para la nación. 

Las medidas son como un llamado de atención para el Estado de Nicaragua. “Con las medidas se está diciendo señores no hagan eso, digamos que es un requerimiento preventivo para que no se sigan cometiendo violación de derechos humanos”, explica el exprocurador  Alberto Novoa.

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Con estas medidas no se trata que se sancionará a una persona en particular, sino que Nicaragua será parte de un rechazo internacional. “Lo que hace es quebrar relaciones diplomáticas con países que sean respetuosos a las garantías y procesos de los ciudadanos nicaragüenses, por eso es fundamental que el Estado cumpla con la resolución para evitar sanciones”, indicó la abogada Leyla Prado, Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)

Con estas medidas no se trata que se sancionará a una persona en particular. Foto: Cortesía / Maje


¿Por qué Nicaragua debe acatar las medidas? 

La Corte IDH funciona diferente a otros organismos internacionales que ya han dictado medidas contra el Estado de Nicaragua, en este caso el gobierno debe acatar las medidas  porque así lo establece la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 46.

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 “El artículo 46 de la Constitución, establece que el Estado de Nicaragua se compromete a cumplir los tratados internacionales que firma” expresa Julio Montenegro, abogado de la CPDH.

El artículo 46 de la Constitución dicta que “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.

Si el gobierno no acata las medidas ¿qué pasa? 

En caso que el Gobierno no cumpla con las medidas que dictó la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede presentar la denuncia ante la Corte e iniciarse así un proceso jurisdiccional contra el Estado de Nicaragua, según informa el exprocurador Alberto Novoa.

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Este tipo de casos pueden durar muchos años. Foto: Cortesía / Maje

En dicho proceso el Estado de Nicaragua puede defenderse de las acusaciones. “En este proceso se necesita que el Estado se defienda, una vez que la denuncia de la CIDH sea tomada en cuenta por la Corte IDH”, explica Novoa. 

Este tipo de casos pueden durar muchos años, pero si la Corte falla en contra del Estado dictando que el gobierno no respetó los derechos humanos, “el Estado se verá obligado a pagar indemnización por los crímenes que ha cometido el gobierno (de turno)” afirma Novoa.

Los protestantes beneficiados por las medidas provisional de la Corte IDH son: Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irland  Jeréz Barrera.

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Algunos de estos presos salieron de prisión este lunes bajo el beneficio legal de convivencia familiar, entre ellos: María Adilia Peralta Cerratos, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, y Tania Verónica Muñoz Pavón.
Edwin Carcache es uno de los presos beneficiados por la Corte. Foto: Cortesía / Maje

Esta no es la primera vez que la Corte IDH emite medidas para el Estado de Nicaragua, en el año 2016, la Corte dictó medidas provisionales contra el Estado de Nicaragua, ordenando “erradicar la violencia y proteger la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros del pueblo indígena Miskitu que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi”.

Colaboración: Juan Tijerino

 

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