El significado de la ley contra el terrorismo aprobada por la Asamblea Nacional

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Esta nueva ley que se aprobó el lunes 16 de julio en la Asamblea Nacional, fue propuesta por el presidente Daniel Ortega.

Tomando en cuenta la crisis que vive Nicaragua, es importante analizar las nuevas leyes que se aprueben en el país, sobre todo cuando las calles están cada vez más llenas de violencia y la crisis en nuestro país se agudiza. 

Hemos preparado un artículo para mostrar lo que significa la ley  y explicar qué acciones te convierten en un terrorista, y por lo tanto obligan a las autoridades nacionales a procesarte como tal. 

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Según la ley que se aprobó el lunes 16 de julio, sancionará a quien “mate o lesione a una persona que no participa en una situación de conflicto armado, ocasione daños a bienes públicos o privados o pretenda alterar el orden constitucional”. 

La ley se aprobó casi tres meses después del haber iniciado las protestas. Foto: Cortesía / Maje

Estas acciones tienen un castigo de hasta 20 años de prisión. Además de sancionar a quienes participen en las actividades antes explicadas, también harán lo propio con las personas que apoyen financieramente estos actos. 


Financiar te convierte en terrorista 


En el artículo 395 se deja claro que podrán sancionar a quien “recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos, sean estos de fuentes lícitas o ilícitas, a sabiendas de que serán utilizados para cometer actos terroristas”.

Los trabajadores del Estado, tienen su propia protección, una cantidad de entre  15 y 20 años son las sanciones para las personas que “causen la muerte, secuestre, o atente contra la integridad física o la libertad de un jefe de Estado, representante, funcionario o personalidad de Estado”. 

Para los empresarios la ley tiene un apartado importante, puesto que obliga a las personas naturales y jurídicas a realizar “acciones de prevención”. 

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La nueva Ley fue propuesta por el presidente Daniel Ortega. Foto: Cortesía / Maje


Los empresarios, bajo lupa 


Para entenderlo mejor, la persona natural se refiere a alguien que asume a título personal las obligaciones de una empresa. La persona jurídica es cuando la empresa asume las obligaciones. 

Lo que afirma la ley específicamente,  es que las personas naturales y jurídicas, deben avisar a las autoridades información sobre “actividades potencialmente vinculadas  al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

 Esta ley abarca a los bancos, sociedades financieras, la bolsa de valores, sociedades de inversión, casas de empeño, casinos, contadores públicos, abogados, entre otros tipos de negocios. 

Incluso, la ley creó una reforma para conformar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que pretende analizar las operaciones sospechosas, es decir  “todo acto, operación o transacción aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada por cualquier persona natural o jurídica que de acuerdo con las regulaciones vigentes, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

Presidente del Cosep. Foto: Nayira Valenzuela  / Maje


¿Quién pidió la ley? 


En la Asamblea Nacional  se discutió esta nueva ley, que fue propuesta directamente por el presidente Daniel Ortega, y fue aprobada ayer por la tarde con 70 votos a favor de los diputados. 

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La propuesta la había realizado el presidente desde el cuatro de abril, en su momento se explicó que era para “proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo”. 


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Las protestas en Nicaragua han sido constante. Foto: Cortesía / Maje


Después de haberse confirmado la aprobación de la ley, un comunicado de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que debido a la confusión del texto, la ley puede criminalizar las protestas pacíficas. 

"El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta" dice el comunicado. 

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Los momentos por los que está pasando Nicaragua, nos obligan a  estar al pendiente de lo que sucede en la Asamblea Nacional, ycomo sociedad necesitamos pedir cuentas de lo que se aprueba a diario. 

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